En medio de la inseguridad que estamos viviendo los diputados y los “activistas de derechos humanos” quieren aun dejarnos mas indefensos, en estos días se ha visto mucha polémica por la aprobación de la ley de armas y municiones.
Me permito transcribir un artículo EXCELENTE de Estuardo Zapeta, en la cual ejemplifica muy bien porque el prohibir las armas tendrá el efecto contrario del que el gobierno busca.
LOS DELINCUENTES PREFIEREN VÍCTIMAS DESARMADAS
Estuardo Zapeta
ezapeta@sigloxxi.com
En la vida real, en la del día a día, los delincuentes prefieren a sus víctimas desarmadas.
Esa es una ventaja que les permite a ellos robar, secuestrar, violar, extorsionar y matar.
La idea errónea, pero altamente difundida y casi de fe popular, es que “si se prohíben las armas entonces bajará la criminalidad”. De hecho, en mi ingenuidad juvenil creí por mucho tiempo esa falsedad, la cual bajo todo razonamiento simple prueba no sólo ser eso, una ingenuidad, sino la base de actos de apoyo a “políticas públicas”.
Si se aplica la lógica de “prohibir las armas para que baje la criminalidad”, entonces habrá que prohibir los carros para evitar los accidentes automovilísticos y los atropellados. Ah, y habrá que prohibir los cuchillos para que nadie más sea acuchillado, y también habrá que prohibirse el agua para que nadie muera ahogado. Y así, por el estilo, nos metemos a una serie de “prohibiciones” sin sentido, con las cuales nadie en sus cinco sentidos estaría de acuerdo. (Ah, prohibir la gasolina para que nadie sea linchado, o prohibir el futbol, para que no haya quebrados).
El aumento de la criminalidad tiene su origen en la impunidad; esto es, ausencia del cumplimiento de la Ley de manera pronta, efectiva y eficaz. Quienes quieren prohibir el derecho constitucional a la “Tenencia y Portación de Armas” (Art. 38 Constitucional) están jugando el juego de la delincuencia, sea “organizada o desorganizada”, ya que los más interesados a que se prohíban las armas son los delincuentes.
Pensar que prohibiendo las armas entonces bajará la criminalidad, es presuponer en un nivel casi delirante que todos los delincuentes irán a entregar sus armas, renunciarán a su vida criminal, y se “reintegrarán” como ciudadanos útiles, civilizados y productivos a la sociedad.
En la vida real, en la del día a día, los delincuentes prefieren a sus víctimas desarmadas. Esa es una ventaja que les permite a ellos robar, secuestrar, violar, extorsionar y matar.
El hecho de que los guatemaltecos podamos comprar, tener y portar armas es un mecanismo de defensa contra el fracaso del Estado en proveer seguridad. Ese derecho debe ser protegido por los diputados.
Para variar, las restricciones siempre son contra nosotros, los que seguimos el proceso legal, cumplimos con la Ley, y estamos conscientes de nuestras obligaciones y responsabilidades, se las transmitimos a nuestras familias y mantenemos parámetros de “civilitud” dentro del marco de la Norma. Además, en la Ley que se discute en el Congreso, los legisladores, sin quererlo tal vez, están prohibiendo el funcionamiento de las empresas de seguridad privada, y a los bancos, hoteles, fincas, comercios, fábricas, etcétera, a tener un sistema propio de seguridad.
Y a todos aquellos que tienen guardaespaldas también se les está prohibiendo el derecho a la seguridad ejecutiva, y así, por el estilo, podría mencionar a cuántos guatemaltecos se nos está desprotegiendo con la nueva Ley de Armas y Municiones.
En ciencias sociales está clara la sentencia de que el primer paso de una dictadura es la prohibición de las armas, junto con limitar o censurar la Libertad de Expresión. Eso lo estamos viendo cada día más y más en Latinoamérica.
¡Cuidado Guatemala!